No esperemos empleo sin emprendedores

Patxi Etxeberria (*)

La reacción ante la crisis por parte de los Gobiernos Socialistas (Madrid y Vitoria) se inició tardíamente con una avalancha teórica y práctica a favor del gasto público para estimular la demanda, y está terminando con una fuerte resaca recortando gastos hasta en educación y en las infraestructuras más prometedoras. Lo primero apenas ayudó a contener el paro y lo segundo es tan errático y poco selectivo que amenaza con  un estancamiento para años.

Este artículo pretende resaltar que el gasto público ha agotado aquí, de momento, su capacidad para solucionar el paro a pesar de haber tantos recursos ociosos, pero que, sin embargo, el empleo se puede recuperar si se facilita  el crecimiento de las empresas.

No merece la pena discutir sobre los beneficios, pequeños y temporales, del gasto público ya realizado. Hay quien dice que los Planes “E” evitaron el desempleo de 200.000 trabajadores. En realidad se trata de un debate estéril, como cuando se defiende el gasto público para construir un nuevo campo de fútbol, porque nadie quiere, ni tal vez puede, estimar lo que hubiera sucedido empleando el mismo terreno y dinero en otras alternativas, o dejándoselo a los contribuyentes.

Al final, España tiene hoy una deuda bruta total, privada y pública,  de 2,8 billones de euros (equivalente a 2,5 veces su PIB o 60.000 euros por persona), con el agravante de que 1,7 billones (el 60%) es deuda externa. Según los datos del Banco de España la deuda bruta total de la CAV es de 86.413 millones de euros (1,3 veces su PIB o 40.000 euros por habitante) y, en relación con el endeudamiento neto, posiblemente la situación relativa todavía es mejor en comparación con el Estado, ya que en la CAV, por ejemplo sólo en Fondos de Pensiones Privados, la sociedad tiene unos activos de 17.000 millones (8.000 euros por habitante). En todo caso, la deuda pública vasca ha crecido exponencialmente en el último año (la de mayor crecimiento relativo en todo el Estado), por lo que la resistencia de los inversores extranjeros a seguir prestando dinero a España debería hacernos reflexionar.

La cruda realidad es que ya no podemos devaluar la peseta y sólo nos queda el recurso de aumentar la productividad total de los factores, capital y trabajo. De los 13 países que han tenido en las últimas décadas crecimientos superiores al 7%, todos han tenido tasas de inversión cercanas al 40% del PIB y niveles austeros de consumo. Han hecho inversiones en educación, infraestructuras eficientes y capital físico productivo, no especulativo. Como ha contestado desde Harvard el economista A. Alesina a la preocupación del Fondo Monetario Internacional por la retirada de los estímulos en Europa, es posible crecer a la vez que se recorta el déficit pero dependiendo de en qué se gaste el dinero y cuidando de no asfixiar con impuestos ni a los trabajadores ni a los que están intentando  crear empleo.

Pero, ¿hay alguien que se atreva en esta situación a crear empleo? Los que pueden hacerlo, si se les deja, son los empresarios (cooperativistas y particulares), con un requisito previo y tres condiciones que no suponen dinero sino un entendimiento social.

El requisito previo es que vuelva a fluir el crédito. Cuando el dinero se ha invertido mal (80% en construcción) y se encuentra atrapado en terrenos baldíos y ladrillos improductivos, y cuando los artificiales tipos de interés no reflejan el coste y rentabilidad real de las inversiones, es preciso aflorar y asumir inmediatamente las pérdidas para dedicar los recursos financieros a  proyectos con futuro. Es lo que no se está queriendo afrontar en España, con peligro de un serio estancamiento.

Si este requisito se resuelve, la primera condición para el empleo es que la sociedad reconozca y valore la aportación imprescindible de los empresarios. En Euskadi el 80% del empleo lo crean las PYMES, de las cuales el 60% son empresas familiares que hoy solamente sobreviven en un 30% a la desaparición del fundador, y apenas en un 10% a la segunda generación. La hostilidad contra los empresarios que se manifiesta calificándoles de depredadores que tienen de lacayos a los políticos es una completa injusticia  que, sin embargo, se propaga a través de los medios de comunicación que hacen de cajas de resonancia  para la difusión incluso de semejantes despropósitos. Euskadi ha sido reconocida internacionalmente  por la calidad tanto  de sus empresarios como de sus profesionales, y si hoy la juventud prefiere dedicarse a actividades menos arriesgadas, conviene revisar los incentivos, la cultura y las instituciones impuestas al pueblo vasco que premian en exceso todo lo conservador (el fracaso es un estigma), la seguridad, a veces la picaresca tan española, y hasta la trampa, mientras penalizan el esfuerzo y el riesgo. Mejor volver a lo anterior.

La segunda condición es que la sociedad acepte que, como contrapartida de la modernidad,  hay que prepararse y abrirse, psicológica y materialmente, a una mayor movilidad de residencia y de trabajo, y no sólo para los viajes de vacaciones. El Gobierno Vasco tiene ahora la oportunidad de facilitar la creación de una red de seguridad eficiente de formación y recolocación, reconociendo públicamente de una vez por todas que con los superficiales retoques a una anticuada legislación laboral, como los de la reforma actual, se sigue dejando toda la responsabilidad social a los empresarios que, en un mundo tan acelerado tecnológicamente y globalmente competitivo, aunque quisieran, no la pueden asumir. Es una batalla en la que perdemos todos. Recordemos que este es uno de los factores, y no el menor, por los que hemos perdido en pocos años al menos nueve importantes grupos industriales e incontables empresas grandes, medianas y pequeñas.  Pero Euskadi es una de las pocas zonas de Europa que tiene una red de Escuelas de Formación Profesional que puede asumir este reto. Se trata del recurso comparativamente más valioso que tenemos, tal vez el más ignorado, y  con potencialidades enormes lamentablemente sin utilizar. Es la gran oportunidad para el Gobierno Vasco de aprovechar ese potencial y confiarles a las Escuelas de FP, junto y directamente con las empresas, la responsabilidad total y el presupuesto para hacerlo, sin intermediarios burocráticos ni obsesiones centralizadoras.

La tercera condición para el empleo es implantar una fiscalidad pro-crecimiento que premie e incentive el trabajo y  la inversión productiva en vez de la especulación, y para lo cual también tenemos capacidad en Euskadi, correspondiendo a las Diputaciones la responsabilidad de aplicarla a las condiciones actuales.

En conclusión, existen en Euskadi todas las potencialidades para crear  empleo y es responsabilidad de todos el que se activen estimulando decididamente, con incentivos reales y no sólo con discursos, la inversión productiva, la educación y el trabajo.

(*) Economista

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